San José (elpais.cr)

Dos vecinos de Carrillo, Guanacaste, denunciaron diversas irregularidades de la administración municipal, que van desde el incumplimiento de reglamentos, negocios sin patente de licores y favorecimiento a una empresa hotelera, de capital español.

Edgar Cantón Pizarro, presidente del Consejo Ecocivil de Carrillo, y el Inspector Municipal, Carlos Martínez, presentaron la denuncia, la semana anterior ante la Contraloría General de la República (CGR), para que investigue las irregularidades.

Además, de denunciar persecución contra Martínez Contreras por hacer cumplir la ley, señalan que se le investiga porque rechazó un soborno, ofrecido por una empresaria, quien luego cambió la versión y lo acusó de pedir dinero.

Cantón recordó que los conflictos comenzaron el 11 de setiembre de 2008 cuando un empresario interpuso formal denuncia ante la Municipalidad de Carrillo en contra del local denominado "Villas Buena Honda" (Sociedad Luxury Villa Group Guanacaste S.A.), por motivo de que dicho negocio estaba funcionando al margen de la ley y en la actualidad continúa su negocio comercial, sin patentes municipales y de licores.

Agregó que ningún departamento municipal dio seguimiento a dicha denuncia, y por tal motivo el inspector Municipal, en claro cumplimiento de sus deberes, apoyó en todos sus términos la denuncia, llevando el debido proceso hasta sus últimas consecuencias, levantando Actas de Prevención y de Clausura correspondiente.

Según la versión a los señores miembros de la Fuerza Pública, por parte de la Administradora del local, Dayana Elena Villalobos Muñoz, el señor Alcalde Municipal de Carrillo, Carlos Cantillo Álvarez, fue quien retiró los sellos de clausura el día siguiente de que ambos inspectores los habían colocado.

Sostienen que "hasta el momento extrañamente la Municipalidad no ha actuado al respecto por órdenes del señor Alcalde, por más denuncias que se han hecho a los diferentes departamentos municipales (Departamento de Patentes, Jefe de Hacienda Municipal, el Señor Alcalde Municipal, Director financiero administrativo, Auditor Municipal y Consejo Municipal)".

Cabe mencionar que durante el proceso, Villalobos Muñoz, "trató de sobornar al señor inspector municipal Carlos Martínez Contreras, haciéndole ofrecimientos de dinero a cambio de que su local no fuera clausurado", sostienen en la nota entregada en la CGR.

"Ante estas insinuaciones el inspector municipal, en fiel apego a la ley, no accedió en ningún momento. Debido a esta situación y en represalias contra dicho funcionario, la señora Dayana Elena acude a la Municipalidad de Carrillo y se entiende con el señor Alcalde, acusando calumniosamente al inspector Municipal de solicitar dádivas para no cerrarle el local, así ganaría tiempo en el proceso y sembraría la duda", agregan.

Además, sostienen que el señor Alcalde le dio trámite a su gestión abriéndole una causa en el órgano director. "Desde este momento lo ha venido suspendiendo cada mes, acumulando ya seis meses de injusta suspensión, violentando el debido proceso al no darle justicia pronta y cumplida".

"Todos los meses, por extraños e injustificados motivos, han venido suspendiendo las audiencias municipales programadas para este caso, sin que hasta el momento dicho inspector municipal haya podido descargar su justificación", aseguran Cantón y Martínez.

Además, informaron a la CGR que desde los inicios de la construcción del Hotel RIU, en Playa Matapalo, Sardinal, se han venido dando muchas anomalías e irregularidades con la inercia y complacencia de las autoridades municipales a lo largo de todo el proceso.

"Son tres concesiones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), ilegalmente adjudicadas, que goza dicho Hotel, dos de ellas sin camino público de acceso hacia la playa. También desde la apertura oficial de dicho Hotel funcionan varios bares "sin patentes" de licores, específicamente en una de sus concesiones llamada Yiksac Investiment S.A", sostienen.

El inspector Municipal Carlos Martínez llamó la atención sobre estas irregularidades ante todos los departamentos municipales correspondientes y ha sido silenciado, indicó Cantón.

Otra situación se dio a raíz de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz, bajo el expediente 003649-09, por parte Cantón Pizarro, presidente del Consejo Ecocivil de Carrillo y en contra del Hotel RIU y del Señor Alcalde de Carrillo, por destrucción de bosques primarios, manglares y arrecifes, eliminación de quebradas, alteración del estero, movimientos de materiales en la playa y construcciones ilegales en la zona pública.

En este caso, Martínez Contreras figura como uno de los testigos principales en dicha denuncia, "situación que ha incomodado profundamente al señor Alcalde Municipal, muy allegado a las jefaturas del Hotel RIU", comentó Cantón.

Añadió que esto "ha provocado una descarada persecución en su contra, hasta buscar la separación definitiva de su puesto municipal, al mismo tiempo que ha sido objeto de supuesto soborno" por parte de un abogado de la empresa.

"Ante estas irregularidades mencionadas y la descarada persecución del señor Alcalde Municipal Carlos Cantillo Álvarez hacia el inspector municipal Carlos Martínez Contreras, bajo la inoperancia de las autoridades municipales en beneficio de quienes infringen la ley y se enriquecen ilícitamente, afectando la Hacienda Pública, nos vemos en la obligación de interponer estas denuncias ante su autoridad, para que se haga pronto la investigación respectiva y planteándola también como denuncia pública ante los medios de comunicación para que la población del Cantón de Carrillo tome conciencia de la corrupción de nuestras autoridades municipales", expresan en el escrito presentado a la CGR.