Carlos Salazar ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla )

Redacción (elpais.cr) - Los dirigentes políticos y ex legisladores por el Partido Movimiento Libertario (ML), se encuentran en la lista de personas que deben ser desalojadas del Refugio de Ostional, en la costa del Pacífico norte de Costa Rica.

Además, está en ella el médico cirujano, Longino Soto Pacheco, pionero de los trasplantes de corazón en nuestro país, según el voto 2020-09, de la Sala Constitucional, que ordenó desalojar a los habitantes del Refugio, que se instalaron posterior a 1983.

Entre quienes deben ser sacados de Ostional, por orden de la Sala IV, además de pobladores guanacastecos, están numerosas empresas con construcciones como Ostional Development S.A., Fondos Agropecuarios del Oeste, Infin S.A., Sueños del Océano Pacífico S.A., Royal Falcon International S.A., y First Light S.A., entre otras.

De acuerdo con el expediente de Sala Constitucional, los hermanos Guevara Guth se encuentran con derechos o permisos en el bloque uno, mientras que Soto Pacheco posee una propiedad en el bloque cinco, que comprende Punta Guiones, dentro del mismo Refugio, creado en 1983.

La lista incluye la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, la Escuela del poblado y un espacio de la Universidad de Costa Rica (UCR), dedicado a la investigación.

Sobre el caso, la organización ambientalistas Confraternidad Guanacasteca, recordó una popular frase de los hermanos Guevara Guth en campañas electorales “Donde hay permiso, hay chorizo”.

“La popular frase de Otto Guevara, en muchos casos, tiene fuertes asideros a la realidad”, resaltó la organización al cuestionar los permisos obtenidos por los dirigentes libertarios.

“Todos sabemos que Otto Guevara y su familia, son vecinos de Puntarenas. Por eso podemos decir, que no son vecinos de Ostional de Santa Cruz. Tampoco se dedican a recoger y vender huevos de tortugas”, agregó un pronunciamiento escrito de la organización guanacasteca.

“Por ello, solicitamos que explique a la opinión pública, como aparece su nombre y el de su hermano, (ex diputado Peter Guevara Guth) entre las personas que tienen permiso de ocupación en el Refugio de Ostional, concedido después de 1983, y que la Sala Constitucional en Voto 09-2020 ordenó desalojar”, cuestionó Confraternidad Guanacasteca.

Voto

La lista que aparece en el expediente, de la que Nuestro País tiene copia, fue elaborada por Emel Rodríguez, director del Área de Conservación Tempisque, por orden de la Sala Constitucional durante el proceso de estudio del caso.

Un recurso de amparo ante la Sala Constitucional fue declarado con lugar (2020-09), porque el Refugio de Vida Silvestre Ostional no cuenta con un plan que regule el área protegida.

De acuerdo con la Sala, “en esas condiciones, sin Plan de Manejo aprobado, el Director a.i. del Área de Conservación Tempisque, presentó oficio en el que indicó que los permisos de uso dados dentro del Refugio Ostional, que superan los veinte, habían sido concebidos y aprobados ilegalmente”.

Indicó que los ocupantes de parte del Refugio “pudieron construir libremente sin que mediaran de previo diversos estudios técnicos, entre ellos, el Estudio de Impacto Ambiental, todo lo cual iba en detrimento del medio ambiente y de una área protegida por Ley”.

“Que el Director del Área de Conservación Tempisque, ha sido complaciente por muchos y muchos años con la idea de algunos "pseudo ecologistas" de no aprobar un Plan de Manejo dentro del Refugio Ostional, que venga a regular no solo el área protegida sino también a protegerla de los criminales infractores de la ley”, precisó la sentencia.

Añadió que de este modo, “la zona que interesa ha sido invadida y algunos han construido edificaciones allí a su antojo, bajo la complacencia disimulada del Director del Área de Conservación Tempisque”.

“Se declara con lugar el recurso, y se le ordena al Director del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia: a) Se desaloje a toda persona física o jurídica que ocupe terrenos ubicados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, salvo que se trate de ocupantes anteriores a la creación del refugio en el año de 1983, o bien hayan sido autorizados para ejercer actividades de investigación, protección, capacitación y ecoturismo; b) se apruebe el plan de manejo correspondiente”.

Oposición

Ante este voto, 32 organizaciones de comunidades costeras y fronterizas rechazaron el voto de la Sala Constitucional y acordaron elaborar un proyecto de ley, que regule la explotación de los territorios costeros, con el fin de que las poblaciones que ocupan esos sitios puedan seguir manejando esas áreas de manera sostenible, y que no se construyan megaproyectos para el turismo extranjero.

Sobre el caso, la Federación de Agricultores de Guanacaste (FEDEAGUA), trabajó en la conformación del Frente nacional de comunidades amenazadas por la extinción o en peligro de expulsión, desde Peñas Blancas y Puerto Soley, de La Cruz, Guanacaste, hasta Cuchillo y Costa de Pájaros en Puntarenas.

“Queremos territorios costeros comunitarios donde no se permita saquear los recursos naturales ni la invasión de todo tipo de plagas, incluyendo los megaproyectos”, precisaron los pobladores, quienes cuentan con el apoyo del legislador por el Frente Amplio, José Merino del Río.

En el encuentro, celebrado el 13 de marzo en el parque de Nicoya, acordaron promover el diálogo horizontal y transparente entre los diferentes actores, y que de ninguna forma serán negociables los derechos históricos comunitarios.

Precisaron que el anteproyecto de Ley está en avanzada construcción, pero son bienvenidos nuevos aportes, en particular de los asesores de los partidos políticos, a quienes les dieron un plazo de 15 días para que comiencen a trabajar en la propuesta.

Para el 15 de abril próximo tienen programado recabar los aportes en el Encuentro Nacional en Nicoya, mientras que los días 29 y 30 de abril se celebrará también en esa ciudad el Congreso de Territorios Costeros Comunitarios, donde se aprobará ya de manera definitiva el Texto de ley de Territorios Costeros Comunitarios.

Para el 6 de mayo el texto será entregado con toda solemnidad en la Asamblea Legislativa, y para el 25 de julio se espera su aprobación “o con valentía mostraremos nuestra inconformidad en la Primera Protesta Nacional desde Nicoya, negociando un balance político de la situación y proponiendo nuevas estrategias”, según acuerdo de las 32 poblaciones.

Otro proyecto

Entre tanto, el viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson, anunció que el Poder Ejecutivo convocará hoy jueves el proyecto 17.310, “Proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT)”, que fue presentado a la Asamblea Legislativa con la firma de 34 legisladores de los partidos Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Unidad Socialcristiana y los independientes José Manuel Echandi, Andrea Morales y Evita Arguedas.

Este nuevo proyecto cuenta con el apoyo del Comité Pro-Desarrollo del Cantón de Osa y la Zona Sur, integrado por Asociaciones de Desarrollo, las Cámaras y Asociaciones de Pescadores Artesanales, Cámaras de Desarrolladores Inmobiliarios y de Turismo así como Municipalidades y la Unión de Gobiernos Locales.

Un comunicado del Partido Unidad Socialcristiana informó que “los vecinos (de Osa), se sienten seriamente preocupados ante la incertidumbre legal y las acciones arbitrarias de varias instituciones del Estado que amenazan su desarrollo económico y social, pues pretenden acabar con los únicos ejes de empleo y prosperidad de los desarrollos turísticos costeros”.

Entre tanto, el 19 de marzo, el presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, José Lino Chaves, en su comparecencia ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, declaro que "ha llegado para Costa Rica la hora de la verdad, en relación con el cumplimiento de su política ambiental: la hora en que la legislación ambiental se hace respetar y Costa Rica se enrumba claramente hacia el desarrollo sostenible, o la hora en que las presiones contra las instituciones ambientales tendrán éxito".

Fuente: http://www.elpais.cr/